SAGRILAFT​

Algunos de los conflictos que trajo consigo el siglo XXI fueron las guerras contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos. Delitos transnacionales que han afectado de manera grave el nombre de Colombia en el exterior y la imagen reputacional de algunas empresas en Colombia y otros países del continente. Es por ello que en un esfuerzo mancomunado diferentes países han desarrollado normas y acciones tendientes a atacar estos flagelos.

Para algunos sectores; bancario, transporte, salud, seguridad privada, etc., estas normas son de obligatorio cumplimiento.

En Colombia diferentes entidades públicas y privadas han desarrollado esfuerzos a través de directrices y con objetivos comunes, y bases de consultas similares para atacar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las normas más conocidas son SAGRILAFT (SIPLAFT / SARLAFT / SAGRLAFT), BASC, ISO 28.000, OEA (Operador Económico Autorizado).

En síntesis, todos estos sistemas o normas se componen de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero o empresarial recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar a clientes o proveedores que pretendan realizar o se hayan realizado acciones tendientes a dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). Listas verificadas: Procuraduría (Antecedentes Disciplinarios), Policía (Requerimientos judiciales actuales y violaciones al código de policía), Contraloría (Antecedentes Fiscales), Verificación SIMIT (Sistema Nacional de Multas de Tránsito), Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, Lista Clinton (OFAC), Lista del Banco Mundial, Lista del Banco de Inglaterra, Lista BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Todos los procesos se ajustan a la legislación laboral vigente y de tratamiento de datos.

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